Líneas como FTQ, CTM y Diligencias incrementaron el pasaje hasta los 12 y 15 pesos a partir del 1 de enero, ignorando a la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro.

San Juan del Río Qro. a 2 enero 2026- Desde el pasado 1 de enero, los usuarios del transporte público en San Juan del Río se enfrentan a un incremento unilateral y no autorizado en el costo del pasaje. Diversas líneas de transporte urbano, entre las que destacan FTQ, CTM y Diligencias, elevaron la tarifa básica de 10 a 12 pesos. Esta medida fue tomada de forma independiente por los concesionarios, sin que mediara una autorización oficial o un decreto por parte de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ).

La situación es aún más crítica para las y los ciudadanos que se movilizan desde las comunidades hacia el centro del municipio. En estas rutas suburbanas, los usuarios reportan que el costo del pasaje escaló de 12 a 15 pesos, representando un golpe directo a la economía familiar. Los afectados señalan que, al abordar las unidades, los choferes exigen el pago de la nueva tarifa de manera obligatoria, a pesar de que no existe información oficial que respalde o justifique legalmente este ajuste tarifario.

La principal molestia de la población radica en la arbitrariedad del cobro y la falta de transparencia. Según testimonios de los pasajeros, dentro de los camiones no se exhiben anuncios visibles, oficios sellados ni letreros que informen sobre un cambio autorizado en la tarifa. Esta ausencia de comunicación oficial ha generado fricciones entre operadores y usuarios, quienes consideran este acto como un abuso por parte de las empresas concesionarias.

Hasta el momento, la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ) ha mantenido silencio respecto a estas irregularidades detectadas en San Juan del Río. No se ha emitido un posicionamiento público ni se han anunciado sanciones o inspecciones para frenar el cobro excesivo. Mientras tanto, miles de ciudadanos se ven obligados a pagar el sobreprecio para poder llegar a sus lugares de trabajo y centros de estudio, en espera de que las autoridades estatales intervengan para regularizar el servicio.