Fernando “N” fue vinculado a proceso, sentenciado e inhabilitado tras comprobarse que recibía fuertes sumas de dinero a cambio de recibos y sellos apócrifos.

QUERÉTARO, QRO. a 14 junio 2026 — La Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGEQ), a través de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción y en colaboración con autoridades del estado de Tlaxcala, cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Fernando “N”, quien plenamente identificado y procesado, recibió una sentencia condenatoria por el delito de desempeño ilícito del servicio público.

Los hechos asentados en la carpeta de investigación señalan que el hoy sentenciado aprovechaba su cargo dentro de la administración pública para captar a contribuyentes que acudían a la presidencia municipal con el objetivo de regularizar adeudos acumulados del impuesto predial. Bajo el engaño de agilizar el trámite y gestionar descuentos sustanciales ante el área de Finanzas, Fernando “N” solicitaba a los ciudadanos fuertes sumas de dinero en efectivo.

El fraude quedó al descubierto cuando una de las víctimas acudió a las ventanillas oficiales a verificar el estatus de su cuenta. En el lugar, personal de la dependencia le informó que no existía ningún desglose o registro del movimiento en el sistema, confirmando además que tanto el recibo de pago que el acusado le había entregado como el sello institucional plasmado en el documento eran completamente apócrifos.

Tras ser localizado y capturado en el estado de Tlaxcala mediante los convenios de sinergia interestatal, el imputado fue trasladado a Querétaro para comparecer ante la autoridad judicial. En la audiencia inicial, un Juez de Control calificó de legal la detención, dictó el auto de vinculación a proceso e impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

Ante la contundencia de los datos de prueba periciales y documentales recabados por los fiscales anticorrupción, Fernando “N” optó por aceptar su responsabilidad penal en un procedimiento abreviado. Luego de garantizar la reparación total del daño económico causado a la víctima, el juzgador dictó la sentencia definitiva, la cual contempla una pena de prisión, el pago de multas económicas, la obligatoriedad de someterse a medidas para la mejor convivencia social y la inhabilitación formal para volver a desempeñarse en cualquier cargo del servicio público.